La Fiscalía General de la República solicitó a la Corte Suprema de Bogotá realizar una audiencia sobre los cargos y medidas de seguridad contra los ex ministros del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, y de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en el contexto de un escándalo de corrupción que afecta a la Departamento Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). El 26 de noviembre, ambos exfuncionarios enfrentaron graves cargos que podrían derivar en penas de prisión preventiva, en un caso que combina corrupción, manipulación de acuerdos y presunta manipulación política.
Velasco, oriundo de Popayán con una larga carrera política que incluye ser senador y alcalde de su ciudad natal, y Bonilla, quien ocupó un cargo estratégico en el Ministerio de Hacienda, están acusados de concierto para delinquir, interés indebido en el cumplimiento de contratos y cohecho para dar u ofrecer, según la Fiscalía. La gravedad de los crímenes ha llevado a los fiscales a solicitar una medida de seguridad en la prisión, dado que los hechos habrían perturbado millones de dólares en recursos de gestión de emergencias y desastres naturales.
Red de contratos
Según la investigación, la UNGRD habría adjudicado contratos millonarios a determinados municipios como Cotorra (Córdoba), El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca), en lo que califica como un mecanismo para conseguir el apoyo político de los parlamentarios. Los contratos, que supuestamente estarían destinados a hacer frente a emergencias, habrían actuado como «moneda política» para asegurar votos en las comisiones económicas del parlamento, donde se determinan el crédito y los recursos para el país.
Testimonios de ex directivos de la UNGRD, recibidos a través de acuerdos de cooperación, han implicado directamente a Velasco y Bonilla en una supuesta red de corrupción. Según estas declaraciones, Velasco habría ordenado contratos por casi 35.000 millones de pesos para favorecer a un grupo de congresistas, lo que configuraría un patrón sistemático de corrupción al interior de la entidad.
Aunque algunos de los contratos nunca se implementaron, la fiscalía afirma que las operaciones que gestionan y optimizan recursos ya se consideran delitos secretos. La situación, además de tener implicaciones legales, plantea un debate político sobre la integridad de la administración pública y la transparencia en la administración de recursos críticos de respuesta a desastres.
Polarización social
El caso de la UNGRD no sólo pone en duda el accionar de ex altos funcionarios, sino que también supone un importante golpe a la administración del presidente Gustavo Petro, dado que ambos ex ministros ocuparon cargos estratégicos en su gobierno. La opinión pública, especialmente en zonas afectadas por desastres naturales, ha reaccionado con ira porque los recursos destinados a proteger a la población se han utilizado con fines políticos.
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