Al menos 250 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las últimas horas en la región del Catatumbo como consecuencia de un nuevo recrudecimiento de los combates entre el Frente 33 de las disidencias de las disueltas FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La región, que incluye una decena de municipios y hace frontera con Venezuela, viene sufriendo en el último año un aumento de los conflictos entre ambos grupos armados, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria que ha puesto en grave riesgo a cientos de miles de personas, obligadas a confinarse o desplazarse.
En las últimas horas se han intensificado los enfrentamientos en los municipios de La Gabarra y Tibú, ubicados en el departamento de Norte de Santander. Esto ha provocado que decenas de familias hayan tenido que refugiarse en un colegio cercano. «Hemos recibido información sobre personas que están heridas y requieren atención médica urgente», dijo el Defensoría del Pueblo.
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En este sentido, su titular, Iris Marín, ha pedido al ELN y al Frente 33 en X el cese inmediato de los combates y permitir el acceso de los servicios médicos a la zona para evacuar a los heridos y poder atender al resto.
Ante estos hechos, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha llamado a las «autoridades competentes y a la comunidad internacional» a ayudar a las comunidades afectadas. «Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el pleno ejercicio de sus derechos», escribió en X.
«Sabemos que la paz y la justicia social en el Catatumbo sólo será posible con respeto, protección y presencia institucional que responda a las necesidades reales de su pueblo y estamos comprometidos con ello como Gobierno nacional», agregó.
En lo que va de año, esta disputa territorial por los beneficios que genera el control de una de las zonas con mayores recursos naturales del país ha dejado un centenar de muertos y miles de personas desplazadas o confinadas. A pesar de esta riqueza, la región presenta uno de los índices de pobreza y desarrollo más altos.
Ante la falta histórica de presencia y estructuras del Estado, los diferentes grupos armados se disputan desde hace décadas una zona cuyas características la hacen ideal para el narcotráfico y la transferencia de otras economías ilícitas.
