El clima de tensión política en el municipio de Cuítiva, Boyacá, ha sufrido un significativo deterioro desde el 7 de mayo, cuando el Personero, Fabio Guillermo Araque Álvarez, emitió una condena contundente contra el criminal Nestor Emio Cepeda Tenza. Esta condena se debió a un acto de presunta violencia verbal en contra de un servidor público. Según la queja formal presentada en la estación de policía local, se alega que Cepeda Tenza atacó verbalmente a Araque Álvarez, precipitándose a una confrontación tras la intervención del personero en un caso judicial que buscaba la declaración de pérdida de las inversiones pertenecientes a José Antonio Cepeda Tenza.
Fabio Guillermo Araque Álvarez, como Personero, destacó que su decisión de promover la demanda contra el mayordomo no solo era un ejercicio de su deber como garante de legitimidad, sino que también lo dejó vulnerable a represalias por parte de la familia Cepeda Tenza. En el relato de Araque Álvarez, se evidencian presiones y comentarios intimidatorios, donde algunos incluso le dijeron que «por el hecho de haber presentado una demanda contra el hermano, tenía la intención de vengarse de mí, no solamente de mi integridad, sino también de mis bienes».
Este incidente resalta las crecientes tensiones políticas que se viven dentro de los municipios más cercanos, donde las diferencias políticas han cruzado la línea del debate democrático y se han transformado en amenazas directas hacia los funcionarios públicos. La denuncia hecha por Araque Álvarez no solo pone en entredicho las prácticas de la política local, sino que también abre una peligrosa grieta respecto al respeto de los derechos de los funcionarios que, en el desempeño de su labor, deben contar con la protección legal esencial para realizar su trabajo sin temor a represalias.
Los desafíos que enfrenta el Personero de Cuítiva son reflejo de una problemática más amplia, en la que la violencia política no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino que también se manifiesta a través de ataques verbales y a la integridad personal de quienes ostentan un cargo público. En este contexto, se vuelve urgente que se establezcan mecanismos de protección eficaces para quienes ejercen roles críticos en la administración pública, y que se promueva un entorno en el que el debate democrático pueda prosperar sin riesgo de represalias.
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